Expertos se conjuran para hacer más comprensible el lenguaje jurídico
Una comisión de expertos, impulsada por el Gobierno, ha dirigido un conjunto de recomendaciones a los profesionales del derecho, las instituciones y los medios de comunicación para hacer más claro y comprensible el lenguaje jurídico, que los ciudadanos consideran «críptico y oscuro».
Entre los errores más frecuentes que cometen los juristas al expresarse figuran los párrafos largos; el uso excesivo de frases subordinadas, estructuras pasivas y gerundios; el empleo de arcaísmos o locuciones latinas o las referencias ambiguas, según los expertos.
Los estudios realizados por la comisión confirman que, en ocasiones, la especialidad del lenguaje jurídico se confunde con la opacidad, los arcaísmos y los formulismos que dificultan la comprensión.
Entre otras institucionales, las recomendaciones se dirigen al Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, las universidades y la Administración educativa.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha destacado que el informe de esta comisión de modernización del lenguaje jurídico, formada por académicos, juristas y profesionales de la comunicación, ofrece una serie de pautas para contribuir a simplificar y clarificar los mensajes de los actores de la Justicia.
La modernización de la Justicia no se reduce a cambiar las leyes o implementar nuevos recursos tecnológicos, sino que también debe suponer un esfuerzo para «librar de su espesura al lenguaje jurídico», ha resaltado el ministro.
Los operadores de la Justicia deben saber que «ocultándose detrás de las palabras y las subordinadas» lo único que consiguen es «hacer daño» a los propios administrados, ha afirmado Caamaño, antes de apuntar que una Justicia que no se comprende difícilmente puede ser entendida como tal.
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia y presidente de la Comisión, Juan Carlos Campo, ha destacado que la modernización del lenguaje jurídico debe servir para hacer efectivo el derecho a comprender, «una necesidad perentoria en un ámbito que incide en los derechos fundamentales».
El exdirector de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, ha considerado que se ha abierto un camino para garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender el lenguaje jurídico.
Salvador Gutiérrez, de la Real Academia Española, ha recalcado que la modernización de la Justicia tiene pendiente el reto de la actualización del lenguaje jurídico y ha reconocido las dificultades de comprensión de los textos jurídicos para las personas que no son especialistas en la materia.
«La ciudadanía tiene derecho a comprender las comunicaciones verbales y escritas de los profesionales del derecho» porque el uso incorrecto del lenguaje «genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales», ha manifestado Gutiérrez.
FUENTE: FUNDÉU
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